SANTIAGO, DISOLUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES Y POSTERIOR CONVOCATORIA ELECTORAL.

I.PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
La situación actual del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el exalcalde Gerardo Conde Roa imputado por su posible participación en delitos investigados en la Operación Pokemon, al igual que el que fuera su jefe de gabinete Ángel Espadas, el edil –ahora dimitido- Albino Vázquez, el actual alcalde Ángel Fernández Currás, la concejala Rebeca Domínguez, el concejal Adrián Varela y el concejal Juan de la Fuente (imputado por falsedad documental) , ha traído como consecuencia la preocupación de amplios sectores de la ciudadanía y la entrada en el debate público de la posibilidad de convocar nuevas elecciones municipales para renovar la corporación local.

Tiene la presente nota la voluntad de analizar si en el marco normativo actual resultaría posible y, además, reflexionar, someramente, acerca de las lecciones que cabe extraer de esta situación.

II.- MARCO LEGAL.
El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone:

“1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.”

A su vez el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general dispone respecto de la disolución de Corporaciones Locales:

“1. En los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año.
Mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la diputación provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación. Ejercerá las funciones de Alcalde o Presidente aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.
2. Cuando la disolución se produzca porque los órganos de gobierno de la corporación local lleven a cabo alguna de las actuaciones previstas en el artículo 61.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la diputación provincial o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autónoma asumirá directamente tras la disolución la gestión ordinaria de la corporación hasta la finalización del correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.”

Por tanto, normativamente es posible disolver la Corporación Local en caso de “gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, especificándose dos soluciones distintas en función de si dicha gestión gravemente dañosa tiene la especificad de dar “cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares” o no.

En ambos supuestos la disolución se produce mediante real decreto tras previo acuerdo del Senado, pero de concurrir la nota de apoyo al terrorismo no resultaría posible convocar nuevas elecciones parciales, cosa que sí es técnicamente posible en los aquellos supuestos en que no se dé tal circunstancia, siempre que se cumpla el requisito legal referido a los plazos de convocatoria y duración del mandato.

III.- EL EJEMPLO DE MARBELLA.
Un supuesto paradigmático de disolución de Corporación Local fue el del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la Operación Malaya. Dicha operación puso de manifiesto la existencia de una trama de corrupción que permeaba el gobierno de Marbella y que de facto lo había dejado bajo el control de terceras personas con intereses por completo ajenos a los públicos. En esa tesitura y una vez decretada prisión para algunos de los detenidos el 4 de abril de 2006 la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que iniciase el proceso de disolución de la Corporación Local, lo que se decide ese mismo día en Consejo de Ministros. La disolución se adopta mediante Real Decreto 421/2006, de 7 de abril tras la ratificación unánime del Senado y la conformidad de la Comisión Nacional de Administración Local.

Dicho Real Decreto expone los motivos que justificaban en aquel momento la disolución y que en síntesis no serían otros que “la contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo”; “inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, así como otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad y la concesión directa para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes”; “la compleja y delicada situación provocada por la salida del consistorio de los concejales y alcaldes que han tenido que presentar su dimisión tras ser inhabilitados penalmente para el ejercicio de cargos públicos, así como la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados (Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, Primera Teniente de Alcalde, Quinto Teniente de Alcalde, concejales, el ex gerente de Urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento)”.

De los motivos expuestos concluía el gobierno que quedaba “gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática” y que se generaba “alarma social”, “escándalo político” y “descrédito de la democracia municipal” que “genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas”; a lo que añadía un daño al interés general “atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del Ayuntamiento de Marbella ha supuesto, a través de la proyección exterior de España, para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella” y la vulneración por la actuación urbanística municipal de “los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales.”

Estos motivos provocaron la disolución de la corporación municipal marbellí y su sustitución por una gestora, sin posibilidad de convocar elecciones municipales ya que, según dictamen del Consejo de Estado, no se cumplían los plazos mínimos legales para ello.

IV.- SANTIAGO: LA NECESIDAD SE EXPRESA EN EL ACCIDENTE.
Parece, a tenor de la información de que se dispone, que el caso de Santiago no alcanza el carácter brutal de Marbella, aunque no se puede obviar que lo que se conoce es parcial y que cada poco tiempo surge más información que aumenta el desasosiego entre buena parte de la ciudadanía. ¿Concurrirían motivos suficientes para disolver la Corporación municipal?

Si partimos de la consideración de medida extraordinaria, de última ratio, que parece tener la posibilidad de disolución de la Corporación Municipal, parecería harto difícil proceder a la disolución (sin entrar además en la dificultad política que tiene dado el Partido Popular sostiene el gobierno nacional y el municipal). Ahora bien, es evidente que si en menos de dos años un grupo de miembros del gobierno municipal ha podido realizar actuaciones que pudieran tener carácter delictivo que suponen la vulneración, cuando menos, del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al emplear los recursos públicos para beneficiar a determinadas personas, que producen un evidente deterioro del autogobierno municipal que pasa a ser más bien un gobierno dependiente de intereses privados, y que generan una desazón ciudadana, es imprescindible adoptar medidas.

Como decía Hegel: “la necesidad se expresa en el accidente”, y “el accidente” (la situación del gobierno municipal de Santiago) ha mostrado la necesidad de adoptar medidas de radical reforma en materia de transparencia y democracia a nivel municipal. Por un lado, si se arguye el carácter de última ratio de la disolución es evidente que faltan toda una serie de mecanismos legales que permitan evitar tener que llegar a un daño tan grave como el de Marbella antes de poder hacer nada. Por otro lado, es obvio que el carácter de la representación municipal se ha visto gravemente adulterado, ya que la ciudadanía fue llamada a las urnas en unas circunstancias que obviamente no permitían presagiar semejante desaguisado.

Si tenemos en cuenta que la democracia representativa opera, valga la redundancia, bajo el principio de representación, podemos defender perfectamente que es absurdo que los representados tengan que padecer la existencia de representantes que se conducen de un modo absolutamente contrarios a sus intereses. Por otra parte, el cambio de circunstancias permite, cuando no aconseja, recabar nuevamente la voluntad ciudadana para constituir el nuevo “contrato” entre representantes y representados (pacta sunt servanda rebus sic stantibus).

En el caso de Santiago se manifiesta, así, con toda su crudeza la insuficiencia de mecanismos democráticos ya que la única posibilidad que da la ley viene a considerarse tan extraordinaria y está tan sujeta a criterios únicamente políticos (la iniciativa gubernativa, participación necesaria del Senado) que produce pasmo.

A mi juicio, si ahora ya se entrevén motivos que obliguen cuando menos a la reflexión en torno a la necesidad de disolver la Corporación ante la falta de otros mecanismos legales, si del rumbo de las investigaciones resultasen elementos nuevos que reforzasen lo ya vislumbrado sería imperativo, por una cuestión de orden público y para evitar un mayor daño del ya causado, disolver la Corporación. Ahora bien, tal medida, no puede obviar la necesidad aún mayor de afrontar las tareas precisas del momento y acometer una reforma en profundidad del régimen municipal que garantice en todo momento la sujeción a la ley y al más profundo respeto a los principios democráticos.

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