Reseña en fantasymundo.com: EL GRAN MAR. HISTORIA HUMANA DEL MEDITERRÁNEO

30 septiembre, 2013

Aquí os dejo el comienzo de mi última reseña en fantasymundo.com acerca de “El Gran Mar. Una historia humana del Mediterráneo.” Un libro del profesor David Abulafia que nos narra la historia de las gentes de toda creencia y condición que a lo largo del tiempo han surcado sus aguas tejiendo redes por las que circulaban y circulan mercancías, ideas, personas.

“Creo que una de las consecuencias que tuvo para mí leer Los trazos de la canción, de Bruce Chatwin, fue una profunda creencia (lo más parecido a una religión que he tenido hasta el momento aunque no puedo asegurar que en el trance final no acabe convirtiéndome como Constantino, por precaución) en la naturaleza caminante o viajera del género humano. La naturaleza humana es movimiento y la historia lo ha demostrado: estamos en constante viaje, de un lado para otro. Todo fluye.

Cuando comencé a leer “El Gran Mar” (Editorial Crítica, disponible en FantasyTienda), del profesor de la Universidad de Cambridge, David Abulafia, sentí una sensación semejante a la que me produjo leer a Chatwin. No quiero decir que sean libros parecidos ni mucho menos, pero tiene el mismo poso: describe desde otra perspectiva esa parte fundamental de la humanidad. El ensayo del profesor Abulafia, verdadera historia humana del Mediterráneo, retrata magníficamente esa condición viajera consustancial a la humanidad y definitoria de lo que somos. Así, la obra se nos presenta fundamentalmente como una narración de los viajes y viajeros. Es una historia plural; una historia de las gentes que pueblan o han poblado alguna vez sus orillas y que, inevitablemente, puesto que está en nuestro propio ser, partieron de sus puertos y surcaron sus aguas. Por ello, ya nos advierte el autor en el prefacio, el libro se centra en la superficie del mar, en aquellos pueblos que en un momento determinado lo navegaron y contribuyeron a los procesos de integración comercial, cultural, política que han definido y redefinido al Gran Mar.”

Podéis seguir leyendo la reseña aquí.


SANTIAGO, DISOLUCIÓN DE CORPORACIONES LOCALES Y POSTERIOR CONVOCATORIA ELECTORAL.

24 mayo, 2013

I.PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
La situación actual del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con el exalcalde Gerardo Conde Roa imputado por su posible participación en delitos investigados en la Operación Pokemon, al igual que el que fuera su jefe de gabinete Ángel Espadas, el edil –ahora dimitido- Albino Vázquez, el actual alcalde Ángel Fernández Currás, la concejala Rebeca Domínguez, el concejal Adrián Varela y el concejal Juan de la Fuente (imputado por falsedad documental) , ha traído como consecuencia la preocupación de amplios sectores de la ciudadanía y la entrada en el debate público de la posibilidad de convocar nuevas elecciones municipales para renovar la corporación local.

Tiene la presente nota la voluntad de analizar si en el marco normativo actual resultaría posible y, además, reflexionar, someramente, acerca de las lecciones que cabe extraer de esta situación.

II.- MARCO LEGAL.
El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone:

“1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.”

A su vez el artículo 183 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general dispone respecto de la disolución de Corporaciones Locales:

“1. En los supuestos de disolución de corporaciones locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local por gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año.
Mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la diputación provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación. Ejercerá las funciones de Alcalde o Presidente aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.
2. Cuando la disolución se produzca porque los órganos de gobierno de la corporación local lleven a cabo alguna de las actuaciones previstas en el artículo 61.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la diputación provincial o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autónoma asumirá directamente tras la disolución la gestión ordinaria de la corporación hasta la finalización del correspondiente mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.”

Por tanto, normativamente es posible disolver la Corporación Local en caso de “gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, especificándose dos soluciones distintas en función de si dicha gestión gravemente dañosa tiene la especificad de dar “cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares” o no.

En ambos supuestos la disolución se produce mediante real decreto tras previo acuerdo del Senado, pero de concurrir la nota de apoyo al terrorismo no resultaría posible convocar nuevas elecciones parciales, cosa que sí es técnicamente posible en los aquellos supuestos en que no se dé tal circunstancia, siempre que se cumpla el requisito legal referido a los plazos de convocatoria y duración del mandato.

III.- EL EJEMPLO DE MARBELLA.
Un supuesto paradigmático de disolución de Corporación Local fue el del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la Operación Malaya. Dicha operación puso de manifiesto la existencia de una trama de corrupción que permeaba el gobierno de Marbella y que de facto lo había dejado bajo el control de terceras personas con intereses por completo ajenos a los públicos. En esa tesitura y una vez decretada prisión para algunos de los detenidos el 4 de abril de 2006 la Junta de Andalucía solicitó al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero que iniciase el proceso de disolución de la Corporación Local, lo que se decide ese mismo día en Consejo de Ministros. La disolución se adopta mediante Real Decreto 421/2006, de 7 de abril tras la ratificación unánime del Senado y la conformidad de la Comisión Nacional de Administración Local.

Dicho Real Decreto expone los motivos que justificaban en aquel momento la disolución y que en síntesis no serían otros que “la contravención sistemática de la legalidad por la actual Corporación en el otorgamiento de licencias en materia de urbanismo”; “inactividad del Ayuntamiento ante los distintos requerimientos judiciales para la paralización de obras, así como otras irregularidades, que incluyen permutas y enajenaciones de inmuebles contrarias a la legalidad y la concesión directa para uso privativo de bienes de dominio público afectos a equipamientos o constitutivos de zonas verdes”; “la compleja y delicada situación provocada por la salida del consistorio de los concejales y alcaldes que han tenido que presentar su dimisión tras ser inhabilitados penalmente para el ejercicio de cargos públicos, así como la situación procesal de diversos cargos municipales actuales imputados (Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento, Primera Teniente de Alcalde, Quinto Teniente de Alcalde, concejales, el ex gerente de Urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento)”.

De los motivos expuestos concluía el gobierno que quedaba “gravemente dañada la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de base o configuración democrática” y que se generaba “alarma social”, “escándalo político” y “descrédito de la democracia municipal” que “genera la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas”; a lo que añadía un daño al interés general “atendiendo a la repercusión negativa que la actuación del Ayuntamiento de Marbella ha supuesto, a través de la proyección exterior de España, para las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella” y la vulneración por la actuación urbanística municipal de “los artículos 45.2 y 47 de la Constitución Española, que imponen a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de los recursos naturales.”

Estos motivos provocaron la disolución de la corporación municipal marbellí y su sustitución por una gestora, sin posibilidad de convocar elecciones municipales ya que, según dictamen del Consejo de Estado, no se cumplían los plazos mínimos legales para ello.

IV.- SANTIAGO: LA NECESIDAD SE EXPRESA EN EL ACCIDENTE.
Parece, a tenor de la información de que se dispone, que el caso de Santiago no alcanza el carácter brutal de Marbella, aunque no se puede obviar que lo que se conoce es parcial y que cada poco tiempo surge más información que aumenta el desasosiego entre buena parte de la ciudadanía. ¿Concurrirían motivos suficientes para disolver la Corporación municipal?

Si partimos de la consideración de medida extraordinaria, de última ratio, que parece tener la posibilidad de disolución de la Corporación Municipal, parecería harto difícil proceder a la disolución (sin entrar además en la dificultad política que tiene dado el Partido Popular sostiene el gobierno nacional y el municipal). Ahora bien, es evidente que si en menos de dos años un grupo de miembros del gobierno municipal ha podido realizar actuaciones que pudieran tener carácter delictivo que suponen la vulneración, cuando menos, del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad al emplear los recursos públicos para beneficiar a determinadas personas, que producen un evidente deterioro del autogobierno municipal que pasa a ser más bien un gobierno dependiente de intereses privados, y que generan una desazón ciudadana, es imprescindible adoptar medidas.

Como decía Hegel: “la necesidad se expresa en el accidente”, y “el accidente” (la situación del gobierno municipal de Santiago) ha mostrado la necesidad de adoptar medidas de radical reforma en materia de transparencia y democracia a nivel municipal. Por un lado, si se arguye el carácter de última ratio de la disolución es evidente que faltan toda una serie de mecanismos legales que permitan evitar tener que llegar a un daño tan grave como el de Marbella antes de poder hacer nada. Por otro lado, es obvio que el carácter de la representación municipal se ha visto gravemente adulterado, ya que la ciudadanía fue llamada a las urnas en unas circunstancias que obviamente no permitían presagiar semejante desaguisado.

Si tenemos en cuenta que la democracia representativa opera, valga la redundancia, bajo el principio de representación, podemos defender perfectamente que es absurdo que los representados tengan que padecer la existencia de representantes que se conducen de un modo absolutamente contrarios a sus intereses. Por otra parte, el cambio de circunstancias permite, cuando no aconseja, recabar nuevamente la voluntad ciudadana para constituir el nuevo “contrato” entre representantes y representados (pacta sunt servanda rebus sic stantibus).

En el caso de Santiago se manifiesta, así, con toda su crudeza la insuficiencia de mecanismos democráticos ya que la única posibilidad que da la ley viene a considerarse tan extraordinaria y está tan sujeta a criterios únicamente políticos (la iniciativa gubernativa, participación necesaria del Senado) que produce pasmo.

A mi juicio, si ahora ya se entrevén motivos que obliguen cuando menos a la reflexión en torno a la necesidad de disolver la Corporación ante la falta de otros mecanismos legales, si del rumbo de las investigaciones resultasen elementos nuevos que reforzasen lo ya vislumbrado sería imperativo, por una cuestión de orden público y para evitar un mayor daño del ya causado, disolver la Corporación. Ahora bien, tal medida, no puede obviar la necesidad aún mayor de afrontar las tareas precisas del momento y acometer una reforma en profundidad del régimen municipal que garantice en todo momento la sujeción a la ley y al más profundo respeto a los principios democráticos.


Honduras

2 julio, 2009

En Honduras se ha medido la verdadera dimensión de la democracia y el sentido último de tan maltratada palabra. El presidente legítimo, elegido por mayoría, era expulsado a punta de fúsil y en pijama por haber cometido el grave error de entender el significado del término democracia y haberlo entendido vinculado a otro también bastante apaleado: economía.

No nos equivoquemos, el temor de los golpistas no era que Zelaya se perpetuase en el poder, al fin y al cabo en Honduras llevan mandando los mismos desde siempre, aunque mediante persona interpuesta a la que relevaban cada 4 años; el temor era que Zelaya, que empezó como títere de la oligarquía y se había hecho demócrata en lo político y en lo económico, rompiendo cualquier vínculo con los poderes fácticos, estaba determinado a darle voz a la inmensa mayoría de los hondureños.

El golpista Micheletti, que -dicho sea de paso- me recuerda a las caricaturas de la Revolución Rusa con sus orondos burgueses, pretende disfrazar el golpe de Estado como un acto legítimo en defensa de la Constitución (erigida así en fetiche antidemocrático) frente a la voluntad de Zelaya de preguntarle a los ciudadanos si consideraban adecuado plantear una reforma constitucional. ¿Desde cuando preguntar a quienes se supone que son sujetos de la soberanía es delito?

La respuesta es bien simple, es delito desde que la plantea Zelaya. Mel Zelaya, procedente del Partido Liberal, ha sido abandonado por los partidos tradicionales pero cuenta con enorme apoyo entre las clases populares. En un país tan atrasado políticamente como Honduras, al no haber una verdadera organización de masas, el cálculo de la burguesía es sencillo, si se evita cualquier posibilidad de un segundo mandato de Zelaya, se conjura el peligro de un ascenso político de los desheredados.  Para conjurar ese peligro sirve cualquier cosa: pasarse por la cojonera las más de 400.000 firmas que apoyaban la celebración de la consulta, asaltar a tiro limpio la residencia de Zelaya, secuestrar a personal diplomático de Venezuela… para la burguesía todo sirve, porque para ellos la democracia es un mecanismo formal de apaciguamiento de la población que sólo sirve para mantener sus privilegios y cuando no sirve, pues se la saltan.

Porque de eso se trata, de mantener los privilegios y la explotación absoluta que sumen en la miseria a los hondureños, situación que Mel Zelaya quería corregir, pero que, como él mismo reconoció, no era posible con el sistema político y económico vigente.

Como muestra un botón: “Mire, yo pensé hacer los cambios desde dentro del esquema neoliberal. Pero los ricos no ceden un penique. Los ricos no ceden nada de su plata. Todo lo quieren para ellos. Entonces, lógicamente, para hacer cambios hay que incorporar al pueblo”.

Y cuando Zelaya habla de incoporar al pueblo no se puede obviar que Honduras es un país con más de la mitad de su población de cerca de 8 millones de habitantes viviendo en la pobreza, con un tasa de analfabetismo que ronda el 20%, con más de un millón de ciudadanos emigrados por causas económicas; un país históricamente dominado por las compañías estadounidenses, sus esbirros locales (Micheletti y compañía) e invadido en diversas ocasiones por las tropas de EEUU.

Con este panorama que Zelaya decidiera iniciar una campaña de alfabetización, romper el monopolio en materia de sanidad y medicamentos, y comprarle el petróleo a Venezuela (a precio rebajado, financiado a 25 años y al 1% de interés), provocó el pánico en una oligarquía acostumbrada a manejar el país como su finca particular y, como es lógico, supuso que la clase política le retirase su apoyo y empezara a tildar a Zelaya de trastornado, desequilibrado, autoritario, etc. que son los epítetos que el capital suele dedicar a quienes intetan construir un mundo donde la mitad de la población no se muera de hambre y enfermedades.

Zelaya se ha dado cuenta de que no existe democracia formal sin democracia económica, que no se puede hablar de democracia sin darle voz a los desposeídos y sin sacarlos de su situación de pobreza, y para ello hay que darles educación, salud, alimento, etc. y eso lo convirtió en un hombre a eliminar.

El cálculo de la oligarquía hondureña era sencillo, años de un sistema corrupto de democracia formal que oculta una brutal dominación de clase han provocado la inexistencia de referentes políticos estables para las clases populares hondureñas. Así, Zelaya no tiene relevo en su proyecto, no hay un candidato que pueda ganar unas elecciones en Honduras con su proyecto desde fuera del poder (los partidos de la oligarquía no permitirían una victoria de quien no sea del sistema). Por ello, eliminando a Zelaya se conjura el peligro.

De lo que no eran conscientes estos miserables era que América Latina ya no está en 1930 y que para las clases populares hondureñas es Zelaya o nada, porque ahora mismo se lo juegan todo a una única carta.

Cierto es que el control de los medios de comunicación por la oligarquía es casi absoluto, lo que puede distorsionar la visión de la situación tanto a nivel interno como externo, pero no es menos cierto que su torpeza es tremenda.

La prensa hondureña intenta internamente minimizar las reacciones internacionales frente al golpe, con la finalidad de darle alimento moral a los elementos burgueses que sustentan a la reacción, al tiempo que externamente intenta hacernos creer que ha habido una especie de apoyo unánime al golpe salvo por grupos a los que califica como poco menos que de delincuentes.

Si uno lee las ediciones online de los diarios hondureños sorprenden las peregrinas argumentaciones de los golpistas, la cutrez de las manipulaciones informativas y, sobre todo, la extremada abundancia de comentarios de hondureños a favor del golpe. Lo de los comentarios es importante, porque no dejan de formar parte de la campaña de autoafirmación interna de los golpistas y sus prosélitos y de la campaña externa que intenta presentar el golpe como una suerte de rebelión civil. Ahora bien, Honduras es un país con más de un 50% de pobres y un 20% de analfabetos ¿Quienes acceden a internet? Pues cabe pensar que, salvo excepciones puntuales, aquellos sectores sociales que apoyan el golpe, aquellos que quieren mantener sus privilegios. Está claro que los seguidores de Zelaya, las clases populares, no podrán hacerse oír ni en los medios de comunicación ni en la red, porque no podrán acceder a ellos o bien, porque aún pudiendo acceder, serán censurados y perseguidos.

Si uno observa además las folkloricas manifestaciones pro Micheletti and friends, verá que los manifestantes son gente perteneciente a las capas medias y a la burguesía y que además presentan el típico miedo de las capas medias al socialismo. Son, recordando a Bakunin, explotadores explotados que se entregan servilmente al poder establecido ante el temor de que cualquier mejora de las condiciones de los explotados conlleve un empeoramiento, por mínimo que sea de las suyas. La clase de gente que está dispuesta a ser absolutamente servil con la oligarquía.

Para mi la cuestión está clara, es fundamental acabar con el golpe en Honduras y con los golpistas por cualquier medio legítimo y garantizar que se establecen las condiciones suficientes para facilitar la participación política de las clases populares y la construcción de una democracia económica. En Honduras se libra una batalla más entre quienes quieren un mundo justo, sin clases y sin explotación y quienes están dispuestos a todo para mantener sus privilegios hundiendo en la pobreza a sus semejantes.


El PP fomenta el empleo juvenil de calidad

15 junio, 2009

Como lo leen, el PP inicia su andadura en la Xunta de Galicia creando empleo juvenil bien remunerado. Eso sí, sólo para algunos jóvenes… del PP.

Como ustedes bien sabrán, la forma de vida basada en el carbono conocida como Alberto Núñez Feijóo basó su campaña electoral, además de en mentiras e insultos varios vomitados por sus proselitos, en los supuestos dispendios del gobierno bipartito. Contrario sensu del pérfido rojerío, el mentado Núñez prometió una política de austeridad y una reducción de los altos cargos.

Pues bien, sin entrar en que su supuesta reducción de altos cargos resulta bastante onerosa amén de un desbarajuste sin precedentes en la estructura de la Xunta (a día de hoy hay áreas de la Administración Autonómica que no tienen jefe ni saben de quien dependen) y sin entrar en algunos casos paradigmáticos que quedan en manos de la Justicia humana o divina (cierto personaje puso calefacción en un monte o por lo menos cargó los radiadores en su contabilidad); donde no podemos dejar de entrar es en el caso sorprendente de Javier Dorado Soto, muchacho de 21 años, estudiante de Derecho, que ha sido nombrado asesor de la Consellería de Industria a razón de 4.750 € por mes. Eso sí que es empleo de calidad.

No voy a negar que me jode profundamente que con mis impuestos se esté pagando un sueldo público, que casi triplica el mío, a un rapaz que no tiene terminada la carrera de Derecho y que no creo que pueda asesorar demasiado en economía o industria. Miento, quizá si pueda en la industria de los tintes de la que debe ser un gran usuario (merece la pena ver la fotico del muchacho en su blog y agradecer al Altísimo ser un tipo clásico en lo del cabello).

Me parece incluso ofensivo, porque la función de un asesor es asesorar y para asesorar habrá que saber y conocer y este muchacho no tiene el perfil mínimo. Si este tío con ese curriculum es asesor yo con el mío debería ser ministro… o Papa.

Bromas aparte, la cosa debe ser grave, porque hasta en Libertad Digital, medio nada sospechoso de sufrir del arquetípico rencor izquierdista, lo han criticado.

En todo caso espero que alguien le pregunte al ente que tenemos de presidente de la Xunta por este caso y otros, a ver que inventa el pobre, que la inventiva la deben tener agotada de tanto mentir en campaña. Un conselleiro con incompatibilidades varias,  un superdelegado enjuiciado por corruptelas varias (y lo que te rondaré morena) y para postre un chavalín cobrando by the face.

En fin: menudos cobrones los de la Xunta.


Y la imbecilidad se hizo carne

29 marzo, 2009

Los mal llamados grupos provida han amenazado al gobierno con una guerra de guerrillas por la propuesta de reformar la legislación del aborto. Desde luego no hay nada más incoherente que un monoteísta y dentro de esa troupe los católicos tienen ejemplares que son dignos de estudio, como los obispos enemigos del lince boreal o el señor Jesús Poveda.

Que un provida amenace con una guerra es algo kafkiano, si además afirma que la ley en proyecto es “el mayor acto e pedofilia política de la historia de la democracia” y la define como “producto del ala radical del PSOE que quiere proteger a sus médicos abortistas” no queda más remedio que calificar al bípedo parlante como ignorante de marca mayor y borrego patológico.

La pedofilia, o paidofilia según el diccionario de la RAE, es la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Si la ley pretende, en opinión de esa tropa de túzaros, acabar con los niños mediante una especie de matanza masiva de fetos es bastante improbable que sea un acto de pedofilia, porque -siempre siguiendo el razonamiento (?) de los bípedos parlantes- si lo que se persigue es acabar con los niños ¿qué niños serían objeto de la atracción de los pedofilos?

Resulta además curioso que quienes denuncian un pretendido acto de pedofilia política se apoye en una organización que disculpa o esconde actos de pedofilia y pederastia: la Iglesia Católica. Definida hace años por un veterano trotskista gallego como “secta de violadores de monaguillos”, la postura de la Iglesia Católica frente al aborto sí podría considerarse más un acto de paidofilia política, puesto que esa fijación enfermiza contra cualquier forma de aborto (lo que incluye una feroz oposición en casos de graves malformaciones, aborto por menores violadas) unida a la manía de ocultar y disculpar los abusos sexuales a menores por sacerdotes (el que ellos llaman pecado de solicitación) hace temer que su oposición al aborto tenga más que ver con su  mala interpretación del bíblico “dejad que los niños se acerquen a mí” y un indisimulado temor a quedarse sin infantes de los que aprovecharse física o mentalmente.

Otra muestra de la incoherencia e inmoralidad de esta tropa es la polémica surgida por la emisión de un video con propaganda antiabortista en un colegio público durante el horario de clases y de manera obligatoria. Un video dirigido a impactar a los menores con imágenes de gran crudeza de fetos abortados de una edad muy superior al límite máximo del aborto en España;  un vídeo dirigido a adoctrinar a menores en horario lectivo mediante mentiras e insultos al PSOE.

Los mismos católicos que bramaban contra la Educación para la Ciudadanía porque decían que adoctrina a los alumnos, en un ejemplo palmario de su hipocresía ilimitada, adoctrina ahora a los menores. Queda claro que para ellos adoctrinar es todo lo que no sea darles el privilegio de meterse en las aulas y controlar la educación para moldear a la gente y tenernos aborregados.


Las tácticas del PP: una pequeña muestra de la ética del intachable partido.

27 febrero, 2009

Ciertos sectores de la izquierda a los que yo llamo los suecos (por lo de la socialdemocracia sueca que suelen poner de ejemplo) han llegado a creerse las tonterías pequeño burguesas de los pactos entre caballeros, la limpieza en la lucha política, etc. La derecha, mucho más práctica, se dedica a lo de siempre: a ganar a cualquier precio.

No llega con sabotear el material electoral del Xuventudes Socialistas, del PSdeG, con inventarse accidentes, etc. Van mucho más allá: insinuaciones sobre presuntos delitos graves de uno de los candidatos (no diré más para no dar pábulo a evidentes infamias), decir que PSdeG y BNG quieren robar las tierras de la gente (¡Que vienen los rojos!), que el coche del presidente de la Xunta vale 100.000 euros más que el del presidente de EEUU (el precio del coche del presidente de EEUU es desconocido porque no se ha publicado, aunque con la de espías que tiene el PP…), o el cacique peperil de Ourense, bípedo Baltar (lo de señor le es inaplicable) llamando maricón a un candidato del PSOE.

No es nada nuevo; lo han hecho siempre. En las anteriores elecciones autonómicas recuerdo ver a un pobre chico colocando en los coches aparcados en la calle República Argentina de Santiago unos pasquines que, bajo la rúbrica de un supuesto grupo de padres preocupados, decían que en caso de ganar el PSdeG o el BNG las elecciones los niños aprenderían a consumir drogas en las aulas y se entregarían al sexo y el vicio (supongo que algún alumno rezaría por la victoria del rojerío).

Yo, que tengo muy mala leche, le pregunté al pobre chico de dónde había sacado tales panfletos, puesto que podía considerarse delictivo lo que hacía. El muchacho me dijo que era un mandado, que en el PP local le habían pagado por ponerlos en los coches, pero que no podía decírselo a nadie (lo que no sé es porqué me lo dijo a mí; supongo que por el susto).

Lo cierto es que yo informé inmediatamente del hecho a Bernardino Rama, Secretario General del PSdeG de Santiago y no le di más vueltas al asunto, que no deja de ser la muestra de la miseria moral y putrefacción ética del partido de la mentira y el latrocinio.


Un motivo para que el PP gobierne Galicia: el mobiliario

26 febrero, 2009

Vuelvo a manifestarme en forma blogosférica para dar un motivo poderosísimo para que el PP vuelva a regir los destinos de la Región Gallega (suelen llamarla así; no me pregunten por qué): recuperar la mesa de marras y, a poder ser, alguna silla.

Verán el PPdeG, partido del granjero filósofo Núñez Feijóo (“¿Por qué las vacas tienen nombre de mujer?”), lleva un tiempo atacando, con todo lo que tiene a bien inventarse, al PSdeG y BNG. Que si Touriño ha gastado no se cuanto en muebles, que si Quintana se reune en el yate con un empresario al que benefició en el concurso eólico, etc.

Total, que al final los famosos muebles de Touriño no pasan de ser un presupuesto presentado por el que quería vender los muebles, presupuesto que no se aceptó, por lo que no hay gasto y si no hay gasto nadie se ha podido gastar una burrada en muebles. Y en lo de la foto de Quintana, resulta que es de 2005, tal y como indica quienes publicaron la foto: EL CORREO GALLEGO.

También podríamos hablar de la fabulación de A Illa de Arousa, donde hay una urbanización promovida de acuerdo a la legalidad vigente bajo el gobierno estatal y autonómico del PP y respetando las leyes de Costas, con apoyo de todas las fuerzas políticas municipales (PP included) y que de repente esa panda de infames mentirosos, que vuelven por sus fueros del 11 M, tergiversan y manipulan faltando a la verdad y al ordenamiento jurídico vigente (filtrar datos privados vulnera la LO de Protección de Datos, majetes).

O hablar de un mail sobre los 400 euros de devolución de IRPF, en el que algún iletrado y anumérico del PP sostiene la tesis de que hay que pagarlos a Hacienda porque el IRPF no tiene en cuenta la inflación, lo que ignora que hay una actualización de tarifas con fecha 1 de enero de 2009 que modifica los tramos para la renta 2008 y adecua las mismas a la inflación.

Y podría contar más, pero lo cierto es que la tesis queda clara: son parvos. No saben mentir. Sueltan mentiras tan burdas como los razonamientos feminista-vacunos de Feijóo.

¿Tiene pues algún mérito el PP para merecer nuestro voto?

Sin duda uno: encontrar una mesa del siglo XVIII que compraron cuando gobernaban la Xunta y que no aparece por ningún lado, y de paso una tropa de sillas a 6.000 euros la pieza.

Está claro que el PP tiene mucha más experiencia en manejar el inmovilizado de la Xunta y en usar “como é debido” los inventarios y seguro que son capaces de encontrar la mesa de 33.524 euros y otros muchos elementos inventariados y desaparecidos que estos torpes del bipartito no encuentran.

Decía estos días Mariano Rajoy que el gallego siempre ha sido austero (empiezo a preguntarme a cuantos gallegos conoce este tío o a cuantos conozco yo), lo que podría determinar que en el PPdeG algunos personajes no sean gallegos; no lo digo por nada grave, sólo por cositas como hincharse a lamprea en ciertos restaurantes a costa del erario público (manía de ilustres líderes del centro moderado), llevarse a casa móviles pagados por todos y cargar las facturas al erario público, organizar fiestas y paparelas pantagruélicas… ¿Será que no sabe Mariano lo que significa austero? Es posible, teniendo en cuenta que considera a Fabrá un ciudadano ejemplar.

Pero bueno, si Nuñez Feijóo dice que va a localizar la mesa de 33.000 euros, me lo creeré: seguro que en el PP saben quien la tiene.